La Comunidad de Madrid vive momentos de alta tensión política por los casos de corrupción de la trama Gürtel que afectan al PP. Además se ha incrementado el espectáculo de confrontación entre la Presidenta de la Comunidad y el Alcalde de Madrid, y entre los equipos de ambos, que se espían de forma ilegítima.
Los dirigentes del PP se han desocupado y olvidado de los problemas reales de los madrileños y madrileñas para centrarse en la corrupción política y en el espionaje.
En este contexto de corrupción y tramas de espionaje del que es responsable el PP, vemos con estupor la petición inoportuna de expulsión del PSOE para un compañero por los Órganos Disciplinarios Regionales del PSM.
¿Qué puede haber hecho este compañero para ser reo de la máxima pena?
¿A qué organización ha generado daño tan notable para que se pida la expulsión de la misma?
¿Sobre qué procedimientos y garantías se fundamentan tan graves acusaciones y de qué pruebas se dispone por parte de los instructores, para que pidan la máxima sanción que puede aplicarse a un militante?
¿Se han analizado antecedentes de determinados comportamientos que no han conducido a decisiones tan extremas?
¿Se ha valorado la repercusión política de tal proceder de los órganos disciplinarios, que tienen su origen en órganos políticos y no jurisdiccionales?
Debemos responder a estas preguntas. Estamos obligados a ello por responsabilidad, por solidaridad, por seguridad y por respeto a la organización y a la sociedad a la que intentamos orientar y representar políticamente.
Este compañero lo que presumiblemente ha hecho es dar una opinión sobre el quehacer político del máximo responsable de la dirección del PSM.
Su opinión se ha expresado en un blog. Se trata de una opinión razonada, individual y libre.
Los demás cargos que se quieren añadir parecen, a todas luces, buscados para justificar la petición de sanción máxima.
¿Se considera por los responsables regionales de garantías que esto daña gravemente a la organización?
No se puede tener la sensación, ni por los tiempos utilizados, ni por los actos enjuiciados, ni por los pocos datos disponibles, de que el proceso de inculpación al compañero, se haya hecho con las debidas garantías. Si el órgano instructor considera que se han cumplido las mismas, debe hacerlas minuciosamente públicas.
Llama poderosamente la atención que el PP de Madrid haya suspendido de militancia a Cobo tras formular públicamente y con máxima notoriedad un gravísimo alegato contra la Presidenta del Gobierno Regional y algunos de sus Consejeros.
Sin embargo, los Órganos Disciplinarios del PSM van mucho más lejos que el PP, son más duros y severos, piden la máxima sanción para un compañero que libremente ha expresado en su blog su preocupación por la evolución de las expectativas de nuestro Partido.
Nuestros principios como organización política se basan en la igualdad, la libertad y la justicia.
La libertad de opinión y de crítica son consustanciales con nuestra cultura. La libertad de expresión es una referencia democrática de primer nivel.
La permanente llamada a la libertad de expresión circunscrita al ámbito interno puede, en muchos casos, ser la coartada perfecta de los aparatos de las organizaciones para imponer la ley del silencio.
Hemos oído a nuestro portavoz parlamentario en el Congreso de los Diputados, José Antonio Alonso, juez de profesión, con relación a la crítica realizada por la Secretaria General del PP al acto en la Universidad Complutense de apoyo al juez Garzón, acto al que ha considerado como un ataque a la democracia, decir con firmeza, que la libertad de opinión, de expresión y de crítica son consustanciales a la democracia,
Parece que no piensan lo mismo los responsables de garantías regionales, de los que es difícil ante estas posturas considerar independientes en su actuación de las orientaciones políticas de la Comisión Ejecutiva Regional.
No se puede ni se deben consentir en esta organización comportamientos de esta naturaleza. Y esperamos que los Órganos Federales pongan las cosas en su debido sitio, por respeto a la organización, a la democracia interna y a los derechos de todos los militantes y ciudadanos a los que el compañero representa en el Ayuntamiento de Madrid.
